Cuando la ONU y las ONG que trabajan en el ámbito social denuncian la situación de pobreza y hambruna de más de 821 millones de personas en el mundo, el impacto emocional de la cifra no puede enterrar el hecho de que si la humanidad, como tal, no puede garantizar el derecho a la alimentación, no será posible garantizar el resto de los derechos humanos.

A pesar de que la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000, en las regiones en desarrollo aún una de cada diez personas sigue subsistiendo con 1,90 dólares diarios y hay millones más que ganan poco más que esta cantidad diaria. Y todavía en muchas poblaciones del Asia Oriental y Sudoriental continúan viviendo por debajo del umbral de la pobreza.

La ONU defiende, en este sentido, que el objetivo de acabar con la pobreza solo puede lograrse si el crecimiento económico es inclusivo, a fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad de las personas. Recomienda, además, que se establezcan y apliquen sistemas de protección social para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres. Estos sistemas deberían ayudará a fortalecer las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas económicas inesperadas durante los desastres y ayudarán a erradicar la pobreza extrema en las zonas más empobrecidas.

En estas políticas inclusivas nadie puede quedar atrás y su desarrollo solo podrá cumplirse si los poderes públicos y las organizaciones apoyan un cambio en la estrategia de costes y beneficios de las medidas.

Para ILUNION, como parte del Grupo Social ONCE, los ODS se presentan como garantía de inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad. Por eso, aplauden que los compromisos históricos sobre discapacidad estén contenidos en los ODS, como elementos estratégicos. Además de su llamamiento para que “nadie se quede atrás”, el documento final reconoce, entre otras realidades, que más del 80% de las personas con discapacidad vive en la pobreza.

La inclusión -necesitamos insistir en ello- es un concepto que tiene que ver con los Derechos Humanos, que nos beneficia a todos, y es a la postre una fuente de riqueza. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo estimó que, si las personas con discapacidad tuvieran igual acceso al empleo que la población general, el producto interior bruto de algunos países de bajos y medianos ingresos podría aumentar hasta en un 7%.

Otro estudio se suma a la defensa de la inclusión como palanca de generación de riqueza. ‘La creación de empleo para personas con discapacidad en Colombia’, realizado por PwC en colaboración con la ONCE y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), llega a la conclusión de que, en el supuesto de que Colombia ajustase su mercado laboral al nivel de inclusión y productividad que hay en España (comparable en términos de población, con grandes similitudes culturales y un fuerte vínculo empresarial) y suprimiera las brechas entre personas con y sin discapacidad en el país (teniendo en cuenta las diferencias estructurales en tasas de actividad y productividad), el impacto económico de dichas medidas podría llegar a los 6.883 millones de euros, un 2,62% del PIB.

Fuente: https://www.informaria.com