El pleno del Parlamento Europeo ha pedido que los productos elaborados o transportados por personas sometidas a trabajos forzados deben ser excluidos del mercado comunitario a través de una prohibición de las importaciones y las exportaciones alineada con la Organización Mundial del Comercio

En una resolución destinada a contribuir con la redacción en curso de las nuevas normas de la Unión Europea, recomienda que dichos productos se prohiban en función del lugar de producción, el importador, la empresa, el transportista o la región concreta.

En las recomendaciones para la redacción de la nueva norma europea sobre productos fabricados en condiciones de trabajo forzoso, la Eurocámra ha solicitado que las autoridades detengan y confisquen mercancias en las fronteras de la UE en caso de que haya pruebas que impliquen que ha habido trabajos forzosos.

Para demostrar lo contrario, el importador debería tener pruebas que permitan demostrar la ausencia de trabajo forzoso para la liberación de la carga. El Parlamento Europeo sostiene que, para ayudar a los importadores, debería establecerse una lista pública de empresas, regiones y productores sancionados y aboga por ayudar a las Pymes a hacer frente a las nuevas normas.

Para determinar qué se considera producto derivado del trabajo forzoso, deben seguirse los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen el abuso de la vulnerabilidad, la restricción de movimientos, la retención de documentos de identidad y la servidumbre por deudas.

El Parlamento aboga por la colaboración con terceros países para garantizar que los productos prohibidos de la UE no se desvíen a otros mercados. En este sentido, la resolución subraya que la prohibición de productos sometidos a trabajo forzoso no erradicará por sí misma este tipo de trabajos. Para abordar este problema mundial se requiere una solucion colectiva que incluya el diálogo con terceros países, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, así como la sensibilización.