Tendrán un plazo de 18 meses para aprobar planes de transporte sostenible desde que entre en vigor la normativa que se espera para finales de este año. Los planes de transporte sostenible al trabajo serán objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores.

Coche, moto, autobús, metro, bicicleta o, una de las últimas, patinete. Estos son algunos de los medios de transporte que usan los españoles para desplazarse cada día a la oficina. El vehículo privado continúa siendo la opción mayoritaria para cumplir con las obligaciones laborales. Aunque cada vez más ese viaje que se solía hacer solo, ahora se hace con compañeros de trabajo.

Es el coche compartido o lo que los anglosajones y las nuevas generaciones llaman carpooling. Antes, esa ‘quedada’ para ir a trabajar se hacía en el comedor con gente que vive cerca, ahora existen aplicaciones que permiten conectar con vecinos del barrio y compartir gastos y vehículos para ir a trabajar.

Sin embargo, estas medidas alternativas son aún minoritarias.

«El 85% o 90% de las emisiones al trabajo provienen del transporte privado», advierte la oenegé Greenpeace en un informe de marzo de 2021. «Con el confinamiento, el CO2 en las ciudades disminuyó drásticamente», apunta el mismo documento.

Es por ello que los trayectos al trabajo sea una de las principales preocupaciones de los gobernantes, ya que los planes de movilidad sostenible al trabajo entran en el ordenamiento jurídico español. Así, al menos, los establece, de momento, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que tendrá que ser ratificado ya como norma en el Consejo de Ministros «antes de final de año», asegura el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

«Es un camino aún por explorar por las empresas», destaca Ana Solá, CEO de Cinesi (consultora catalana de movilidad y transporte). «No existe hasta el momento una regulación estatal, sí hay alguna normativa a nivel autonómico», añade.

Aunque será de obligado cumplimiento en todo el país «en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley», determina el artículo 26 de este aún anteproyecto. «Aunque cada plan se adaptará a las circunstancias concretas del caso, el anteproyecto establece una serie de materias o soluciones que todo plan debe incluir», puntualiza Eva Díez-Ordás, counsel del Departamento Laboral de Garrigues.

La normativa establece unos mínimos, ya que no todas las empresas tendrán que diseñar y planificar una serie de planes para que los trabajadores lleguen a su puesto de trabajo de la forma más sostenible posible. Según la normativa, «las empresas del sector público y aquellas compañías que tengan más de 500 trabajadores en un centro de trabajo o 250 por turno» tendrán que desarrollarlo. Además, «los planes de transporte sostenible al trabajo serán objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras», apunta el ministerio dirigido por Raquel Sánchez.

Basada en información publicada en https://www.abc.es