Los veinticuatro millones de pequeñas y medianas empresas de Europa representan el 99 % de todas las empresas y dos tercios de los puestos de trabajo del sector privado en la UE. Son motores esenciales de las transiciones ecológica y digital de Europa, pero siguen enfrentándose a la imprevisibilidad y la volatilidad como consecuencia de diversas crisis en los últimos años.
La Comunicación presentada por la Comisión Europea la semana pasada, propone nuevas medidas que proporcionarán ayuda a corto plazo, impulsarán la competitividad de las pymes a largo plazo y reforzarán la equidad en el entorno empresarial en todo el mercado único. Como parte de estas medidas, la Comisión también publica nuevas propuestas de un Reglamento sobre la morosidad en las operaciones comerciales y de una Directiva que establezca un sistema fiscal basado en el domicilio social para las pymes. Otras iniciativas tienen por objeto seguir impulsando el acceso de las pymes a la financiación, mejorar el entorno empresarial y apoyar el crecimiento de las pymes en empresas de mediana capitalización para liberar todo su potencial económico.
En concreto, el nuevo Reglamento para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aborda los retrasos en los pagos, una práctica que compromete el flujo de caja de las pymes y obstaculiza la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro. La propuesta introduce un límite máximo de pago más estricto de treinta días, elimina ambigüedades y aborda las lagunas jurídicas de la Directiva actual. El texto propuesto también garantiza el pago automático de los intereses devengados y las tasas de compensación, e introduce nuevas medidas de ejecución y reparación para proteger a las empresas contra los malos pagadores.
El sistema fiscal basado en el domicilio social para las pymes ofrecerá a las pymes que tienen actividades transfronterizas la opción de interactuar con una sola administración tributaria, la del domicilio social, en lugar de tener que cumplir con múltiples sistemas fiscales. La presente propuesta aumentará la seguridad fiscal y la equidad, reducirá los costes de cumplimiento y las distorsiones del mercado que influyen en las decisiones empresariales, y minimizará al mismo tiempo el riesgo de doble imposición o de tributación excesiva y de litigios fiscales. De esta forma, las pymes que operan en diferentes Estados miembros podrán aprovechar al máximo la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales sin que se vean frenadas por obstáculos fiscales innecesarios.
Además, la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda a las pymes propone varias medidas no legislativas para apoyar a las pymes y garantizar el aprovechamiento de todo su potencial económico: